¿Qué pierde una comunidad cuando su biblioteca deja de abrir todos los días? A primera vista, podríamos pensar que se trata simplemente de menos horas de atención, menos préstamos de libros o menos actividades. Pero detrás de una biblioteca que reduce sus servicios hay algo bastante más importante: personas que pierden oportunidades de encontrarse, niños que dejan de participar en actividades de lectura, adultos mayores que ven desaparecer un espacio de conversación y comunidades que comienzan a perder lugares donde compartir experiencias y construir vínculos.

Es una pregunta que vale la pena hacerse cuando discutimos el presupuesto público y, particularmente, cuando la cultura vuelve a aparecer entre las áreas donde resulta más fácil justificar una reducción de recursos.

La discusión del Presupuesto Nacional para 2027 ocurre en medio de dificultades económicas, restricciones fiscales y problemas de empleo que nadie podría desconocer. Administrar los recursos públicos en estas condiciones exige tomar decisiones complejas, pero esas decisiones nunca son neutras. Siempre expresan prioridades y revelan qué actividades consideramos indispensables y cuáles estamos dispuestos a postergar. Y lo que resulta preocupante es que la cultura vuelva a ocupar ese lugar de lo sacrificable, como si se tratara de una actividad que puede esperar mejores tiempos, algo de lo que podemos prescindir mientras resolvemos los problemas que se consideran verdaderamente importantes.

Desde la recuperación de la democracia en 1990, Chile fue construyendo una comprensión bastante distinta del lugar que ocupa la cultura en nuestra sociedad. Gobiernos de diferentes orientaciones impulsaron políticas, programas e instituciones que, con avances y contradicciones, contribuyeron a reconocer que la cultura no es solamente producción artística o entretenimiento, sino también una dimensión fundamental del bienestar, de la calidad de vida y de las oportunidades de desarrollo de las personas. Ese proceso fue mucho más importante que la creación de fondos concursables o de una nueva institucionalidad. Significó comenzar a reconocer que el acceso a los libros, a las bibliotecas, al patrimonio, a las artes y a las distintas expresiones culturales forma parte de aquello que mejora nuestra experiencia cotidiana. Que el tiempo libre, el ocio, la creación y el encuentro con otros no son actividades secundarias, sino componentes de una vida más plena.

No siempre conseguimos traducir ese reconocimiento en políticas suficientemente sólidas. Las desigualdades territoriales continuaron siendo una deuda importante, los recursos permanecieron concentrados y muchas organizaciones culturales siguieron dependiendo de financiamientos discontinuos. Pero sería injusto desconocer que durante más de tres décadas avanzamos en una valoración social de la cultura que permitió ampliar su presencia en las políticas públicas y en nuestra comprensión del desarrollo. Ese recorrido no debería perderse de vista cuando se examinan las decisiones presupuestarias actuales, porque lo que está en discusión no es solamente la continuidad de determinados programas, sino también el reconocimiento de una función social que costó muchos años instalar.

Por eso resulta particularmente preocupante la orientación que comienza a expresarse en las decisiones del Gobierno de José Antonio Kast. Mientras se propone disminuir los recursos destinados al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se impulsa una estrategia económica basada en incentivos tributarios y señales de confianza hacia el empresariado, con la expectativa de estimular la inversión, el crecimiento y la creación de empleos. No se trata de desconocer la importancia de la inversión privada ni de cuestionar la necesidad de responsabilidad fiscal. El problema es que ambas decisiones expresan una manera de distribuir los costos de las dificultades económicas. Mientras algunos sectores deben ajustar inmediatamente su funcionamiento, otros reciben incentivos cuyos beneficios se esperan para los próximos años.

El propio Gobierno ha insistido en que las expectativas son fundamentales para recuperar el dinamismo económico. Si esa es una de las bases de su estrategia, corresponde preguntarse también por los resultados de las señales que comenzó a instalar varios meses antes de la entrada en vigor de sus reformas. Hasta ahora no se observa una recuperación suficientemente sólida como para atribuirles los efectos esperados. Esto no significa que esas medidas no puedan producir resultados en el futuro, pero sí obliga a discutir cuánto tiempo debe esperar el país y, sobre todo, quiénes deben asumir los costos mientras esa recuperación no llega. Porque en el caso de la cultura estamos hablando de un sector que ya funcionaba con recursos limitados, con enormes dificultades para sostener equipos, desarrollar proyectos y asegurar continuidad a sus iniciativas.

Hay además una cuestión que suele simplificarse en este debate. Reconocer la cultura como un derecho no significa sostener que todas sus actividades deban financiarse exclusivamente con recursos públicos. Una política cultural moderna necesita combinar la responsabilidad estatal con la participación de empresas, fundaciones, organizaciones comunitarias y otras formas de colaboración. Pero esa combinación no surge espontáneamente. Requiere instrumentos adecuados, incentivos, capacidades institucionales y condiciones económicas que permitan movilizar recursos. Pensar que el sector privado podrá reemplazar automáticamente los aportes que el Estado decide retirar, precisamente cuando la economía enfrenta dificultades, parece más una expresión de confianza que una estrategia suficientemente desarrollada de política pública.

La situación es todavía más compleja cuando observamos las diferencias territoriales. Una institución cultural consolidada en Santiago puede disponer de redes de colaboración y oportunidades de financiamiento que difícilmente existen para una biblioteca pública de una comuna pequeña o una agrupación cultural de una localidad rural. En muchos lugares, la biblioteca es uno de los pocos espacios públicos permanentes donde niños, jóvenes y adultos pueden acceder a libros, participar en talleres, encontrarse con otras personas o desarrollar actividades que de otra manera simplemente no existirían. Reducir sus posibilidades de funcionamiento no significa solamente disponer de menos actividades culturales. Puede significar interrumpir procesos de formación, debilitar vínculos comunitarios y cerrar oportunidades que difícilmente podrán recuperarse en el corto plazo.

Pero hay una dimensión de esta discusión que me parece especialmente importante y que rara vez aparece cuando se habla de presupuestos. La cultura no solamente produce actividades, obras o servicios. También contribuye a construir sociedad. Una biblioteca no es únicamente un lugar donde se guardan y prestan libros. Es un espacio donde circulan ideas, se encuentran generaciones, se comparten experiencias y se establecen relaciones que muchas veces no tendrían oportunidad de producirse en otros ámbitos de la vida cotidiana. La lectura, por su parte, nos permite acceder a mundos diferentes, comprender experiencias ajenas, reconocer conflictos y aproximarnos a formas de pensar que no necesariamente compartimos. No garantiza por sí sola personas más tolerantes o sociedades más democráticas, pero ofrece herramientas para ampliar nuestra comprensión del mundo y de quienes lo habitan.

Algo semejante ocurre con las artes y las distintas expresiones culturales. Una obra de teatro, una exposición, un concierto o una actividad artística comunitaria pueden convocar a personas que difícilmente se encontrarían en otros espacios. Allí se comparten emociones, memorias, preguntas y experiencias que permiten reconocernos como parte de una comunidad, incluso cuando nuestras diferencias permanecen. En tiempos de polarización, desconfianza y debilitamiento de los vínculos sociales, estos espacios adquieren una importancia que no siempre sabemos valorar. La democracia necesita instituciones que funcionen, desde luego, pero también requiere ciudadanos capaces de escucharse, reconocer diferencias y construir formas de convivencia que no dependan exclusivamente de acuerdos políticos o disposiciones legales.

Desde esta perspectiva, la inversión cultural tiene una dimensión que las cifras presupuestarias difícilmente consiguen expresar. Cuando se financia una biblioteca, un programa de lectura, un espacio de creación artística o una iniciativa cultural comunitaria, también se está contribuyendo a generar condiciones para la participación, el encuentro y la construcción de vínculos sociales. No se trata de atribuir a la cultura capacidades milagrosas ni de suponer que puede resolver por sí sola los conflictos de nuestra sociedad. Se trata de reconocer que su contribución al bienestar y a la convivencia democrática es parte de su valor público, aunque sus resultados no puedan medirse exclusivamente mediante indicadores de rentabilidad o crecimiento económico.

Por eso la discusión del Presupuesto 2027 no debería agotarse en cuánto se reduce una partida o cuántos programas podrán continuar funcionando. Lo que está en juego es también la continuidad de una trayectoria que, desde 1990, permitió reconocer progresivamente la importancia de la cultura en el desarrollo del país. Una trayectoria incompleta, sin duda, pero que contribuyó a instalar la convicción de que una sociedad no mejora solamente cuando aumenta su producción o sus ingresos, sino también cuando amplía las oportunidades de sus habitantes para aprender, crear, disfrutar, participar y construir una vida compartida.

La responsabilidad fiscal es necesaria, especialmente en momentos de estrechez económica. Pero también lo es preguntarse qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de esa responsabilidad y cuáles pueden ser las consecuencias de esas decisiones. Porque cuando una sociedad reduce sus oportunidades de encuentro, creación y participación cultural, no solamente limita el acceso a determinadas actividades. También puede debilitar algunas de las capacidades que necesita para enfrentar sus dificultades y construir respuestas colectivas. Y quizás esa sea la mayor contradicción de la discusión actual: precisamente cuando Chile necesita recuperar la confianza, fortalecer su convivencia democrática y encontrar nuevas formas de imaginar su futuro, estamos considerando prescindible uno de los ámbitos que puede contribuir a hacerlo posible.