Ayer un amigo me envió un artículo de la Agencia EFE sobre la caída de la población lectora en México durante la última década. Allí se señalaba que la población lectora mayor de 18 años en México descendió 14 puntos en diez años, pasando del 84,2% en 2015 al 69,6% en 2024, según cifras del Módulo sobre Lectura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además, se menciona que una evaluación realizada en México y Centroamérica concluyó que el 60% de los estudiantes de nivel básico presenta dificultades para leer con fluidez y comprender lo que leen. De acuerdo con el CERLALC, México ocupa el sexto lugar en lectura en América Latina, por detrás de Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Perú, y exhibe una elevada tasa de analfabetismo funcional. También se indica que la pandemia de COVID-19 pudo haber profundizado esta caída. Para corroborar el fin del Programa Nacional de Lectura en México en 2013, le pregunté a una amiga bibliotecaria mexicana, quien me confirmó que ya no existe un programa formal, solo algunas iniciativas sin objetivos ni indicadores claros. “Esto es lo que tenemos, que no tenemos nada”, remató mi amiga.
En general, los planes, programas y políticas de lectura me generan cierta desconfianza, no porque sean innecesarios, sino porque carecen de evaluaciones sólidas y seguimiento, así como tampoco se mide su impacto, incluso después de 10, 20 o 30 años de vigencia. No hay herramientas, hasta ahora que demuestren su efectividad ni el retorno social de la inversión. No sabemos con exactitud cuál es la importancia de implementarlos, así como tampoco tenemos certeza sobre los costos de dejar de implementarlos. En ese sentido, me parecen más eficientes los planes de alfabetización del norte de Europa, que fijan metas más concretas que los programas de lectura. Pero ese es un tema que trataremos en otro momento.
En el caso de Chile, el último Plan de Lectura terminó en 2020. En 2023 se presentó la nueva Política de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, con 81 metas, siendo la primera la actualización e implementación del Plan Nacional de Lectura. Hasta 2025 no se ha difundido un nuevo documento ni se han fijado metas renovadas, por lo que llevamos más de cuatro años sin un plan con indicadores claros, aunque en la web oficial se menciona que el plan sigue vigente, probablemente con los lineamientos anteriores, de hace diez años.
¿Significa esto que en Chile se está leyendo menos o que hay más problemas de comprensión lectora y analfabetismo funcional? No podemos saberlo con certeza, porque no hay estudios que vinculen directamente estos factores con la ausencia de un plan de lectura. Sin embargo, ciertos análisis sugieren señales preocupantes. El Ministerio de Educación informó que en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de 2024 hubo un incremento en los puntajes de Matemáticas e Historia, pero una baja de tres puntos en Competencias Lectoras, algo que también ocurrió el año anterior, lo que podría indicar una tendencia.
La encuesta CASEN revela que más de medio millón de personas (2,6% de la población) es completamente analfabeta, y cerca de cinco millones de adultos —casi la mitad de la fuerza laboral— no terminaron la secundaria e incluso abandonaron sus estudios en los primeros años de su enseñanza básica, pese a que en Chile la educación es obligatoria. Ello impacta directamente a la fuerza laboral, porque quienes no han completado la escolaridad tienen menos oportunidades de contar con las competencias lectoras requeridas en un país hiperconectado y en medio de la revolución de las tecnologías de la información. Hicimos un análisis más profundo a estos datos en el artículo Los peores de Chile: el estado del analfabetismo en el país.
Como si lo anterior no fuese suficiente, el estudio PIAAC de la OCDE, que mide habilidades básicas de lectura, aritmética y resolución de problemas en entornos tecnológicos, indicaría, según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que el 50% de la población chilena es analfabeta funcional. Esto resulta muy curioso, especialmente si lo contrastamos contra la Encuesta Internacional de Alfabetización de Adultos (IALS, International Adult Literacy Survey) del año 1998, en la que Chile participa junto a otros países de la OECD, y en el que señala que, ya hace casi 30 años, en Chile más del 50% de la población entre 16 y 65 años se encontraba en el nivel más básico, es decir, tenía una comprensión mínima de textos impresos. Estas cifras son muy reveladoras. Y preocupantes
Como dijimos, no está claro si la existencia o ausencia de planes de lectura influye directamente en estos indicadores, pero al menos dichos planes representan un esfuerzo con objetivos, metas e indicadores que podrían tender a cerrar, o al menos combatir, la brecha en lugar de perpetuarla. Lo que sí está claro es que los riesgos económicos y sociales de una alta tasa de analfabetismo funcional en las próximas décadas pueden tener resultados desastrosos.
Se requiere urgentemente ampliar las competencias lectoras, implementar esfuerzos serios para completar la educación formal en adultos e implementar planes y políticas concretas que reflejen un verdadero compromiso con la mejora de los niveles de alfabetización, el fomento de la lectura y el desarrollo integral de la sociedad.
