Una denuncia, difundida por la cuenta de Instagram @comunidadmana, revela que la nueva convocatoria no solamente reduce los recursos para la creación literaria. También exige credenciales previas a los escritores e incorpora restricciones sobre sexualidad y violencia tomadas, insólitamente, de una ley de calificación cinematográfica.
Primero redujeron los recursos. Después exigieron que los escritores demostraran haber asistido a talleres y consiguieran recomendaciones. Finalmente establecieron qué representaciones de la sexualidad y la violencia pueden dejar una obra fuera del concurso. La convocatoria 2027 del Fondo del Libro no sólo financia menos literatura: también pretende tutelar quién puede escribirla y hasta dónde puede llegar.
La alerta fue levantada en redes sociales por el escritor y tallerista Celso Iturra, en un video difundido en el entorno de Comunidad Maña, colectivo dedicado a la lectura, la crítica y la escritura creativa. Su intervención tiene la virtud de reunir en poco más de un minuto tres transformaciones que, leídas aisladamente, podrían parecer simples ajustes administrativos, pero que juntas permiten advertir una reorientación política del financiamiento cultural: desfinanciamiento, credencialización de los creadores y control de contenidos.
La denuncia de Comunidad Maña debe ser atendida porque no se sostiene solamente en una interpretación ideológica. Los cambios están escritos en las propias bases oficiales.
Menos recursos, menos tiempo para escribir
La convocatoria 2026 informó un total de $1.083 millones para la línea. Para 2027, los recursos publicados alcanzan $595,8 millones. La caída es cercana al 45%. El monto individual para proyectos unipersonales también disminuye: pasa de $5 millones a $3,6 millones, una reducción del 28%. En las coautorías, baja de $7,5 millones a $4,5 millones.
No se trata únicamente de cifras contables. Estas becas permiten que una escritora o un escritor reduzca temporalmente su carga laboral, investigue, termine un manuscrito y disponga de condiciones materiales para crear. Rebajar el monto significa comprar menos tiempo de escritura y devolver parte del costo de la creación a los propios autores.
La distribución interna también cambia. De los $595,8 millones disponibles en 2027, $324 millones —aproximadamente un 54,4%— quedan reservados para literatura infantil y juvenil. Los géneros literarios unipersonales reciben $208,8 millones y los géneros gráficos, $63 millones. Fortalecer la literatura para niños y jóvenes no constituye, por sí mismo, una decisión conservadora. Pero sí representa una conducción más intensa del campo: en un presupuesto reducido, el Estado determina anticipadamente qué público concentrará la mayor parte de los recursos. Bases del Fondo del Libro 2027.
El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, ha defendido este proceso como un “rediseño profundo”. Su explicación es que no basta preguntarse cuánto invierte el Estado, sino cómo distribuye los recursos para conseguir mayor “calidad, alcance e impacto”. El Ministerio también ha presentado la rotación de beneficiarios, las nuevas líneas y el apoyo a públicos infantiles y juveniles como mecanismos para evitar la concentración. La explicación ministerial fue recogida por The Clinic.
Pero distribuir mejor no explica por qué un escritor recibirá 28% menos para terminar su obra. Tampoco explica las nuevas barreras de entrada ni los filtros aplicados a los contenidos.
La paradoja de la evaluación “ciega”
Uno de los puntos más relevantes del video difundido por Comunidad Maña es la exigencia de acreditar formación y trayectoria. Iturra pregunta, en definitiva, si el Fondo evaluará la calidad del manuscrito o la capacidad del autor para demostrar que ya pertenece a un circuito literario reconocido.
Las bases comienzan afirmando que la evaluación será ciega y que “los antecedentes curriculares o de trayectoria no son parte de la evaluación del proyecto”. Sin embargo, su Anexo 2 exige como documentos mínimos:
- Un portafolio literario.
- Antecedentes sobre trayectoria y producción escritural.
- Una carta de recomendación.
- Acreditaciones de talleres, residencias o instancias formativas.
- Participación comprobable en al menos dos talleres de creación literaria u otras instancias de formación, formales o informales.
La contradicción es evidente. Se promete evaluar anónimamente la obra, pero antes de que esta pueda ser evaluada se exige que su autor demuestre trayectoria, formación y validación de terceros. Estos documentos son definidos como taxativos: si faltan, la postulación queda fuera de concurso.
Aunque la trayectoria no entregue formalmente puntos, sí funciona como barrera de admisibilidad.
El resultado puede ser profundamente desigual. Un escritor autodidacta, una creadora de una comuna sin oferta de talleres o una persona que no dispone de dinero y tiempo para asistir a instancias formativas tendrá menos posibilidades de ingresar. Lo mismo ocurrirá con quienes desarrollan escrituras populares, comunitarias u orales fuera de las redes institucionales.
La nueva regla premia indirectamente a quienes ya poseen capital cultural: contactos para obtener recomendaciones, acceso a talleres, publicaciones anteriores y cercanía con espacios de circulación literaria. Una beca que debiera ampliar las oportunidades comienza por pedirle al creador que demuestre que ya tuvo oportunidades.
De la calidad literaria a la calificación moral
El cambio más delicado aparece en las restricciones de contenido. Las bases de 2027 señalan que no se considerarán proyectos comprendidos en las letras d) y e) del artículo 2 de la Ley 19.846.
La referencia parece técnica, hasta que se revisa la norma. La Ley 19.846 regula la calificación de la producción cinematográfica. Sus letras d) y e) definen el “contenido pornográfico” y el “contenido excesivamente violento”. La primera categoría comprende determinadas exposiciones de la sexualidad y de imágenes obscenas; la segunda, representaciones de violencia desmesurada o con ensañamiento que carezcan de suficiente fundamento contextual. Texto vigente de la Ley 19.846.
Estas categorías fueron creadas para clasificar películas por edades, no para evaluar poesía, narrativa, crónica, testimonio o ensayo. Las bases 2027 las trasladan al campo literario y las convierten en causales para excluir proyectos del financiamiento público.
La restricción no estaba incluida en el apartado equivalente de las bases de 2026.
El problema no consiste solamente en que exista un límite. Consiste en su ambigüedad. ¿Quién determinará cuándo una escena sexual es literariamente necesaria y cuándo se vuelve “abusiva o grosera”? ¿Qué evaluador decidirá si la representación de una tortura encuentra “fundamento bastante” en el contexto de una novela? ¿Se aplicarán criterios cinematográficos a un poema? ¿Cómo se calificará una obra testimonial que relate violencia sexual, represión política o crímenes de la dictadura?
Las bases no ofrecen respuestas ni una metodología específica.
Iturra advierte que estos conceptos pueden ser instrumentalizados por la mirada conservadora del Gobierno. Es una advertencia pertinente. La cláusula no demuestra por sí sola que se excluirán obras feministas, disidentes o críticas. Pero sí crea una herramienta administrativa suficientemente amplia como para afectar obras que aborden sexualidad, diversidad, violencia política, abuso, memoria, corporalidades o conflicto social.
El efecto puede producirse incluso antes de la evaluación. Ante una norma imprecisa y un financiamiento escaso, algunos postulantes suavizarán escenas, modificarán temas o descartarán proyectos para no correr el riesgo de quedar fuera. Es la autocensura inducida por la incertidumbre.
No es censura clásica, pero sí conducción ideológica
El Fondo del Libro no está prohibiendo que estas obras se escriban o publiquen. Por eso sería jurídicamente impreciso hablar de censura estatal en su sentido clásico. Lo que hace es otra cosa: delimita qué literatura considera financiable.
En las políticas culturales contemporáneas, el control no necesita adoptar la forma de una prohibición. Puede ejercerse mediante presupuestos, requisitos de admisión, ponderaciones, recomendaciones y categorías aparentemente técnicas. El Estado no ordena callar; simplemente decide qué voces merecen recursos y cuáles deberán sobrevivir sin ellos.
La convocatoria 2027 configura así un modelo específico de creador: alguien previamente formado, acreditado, recomendado y capaz de demostrar una trayectoria sostenida. Paralelamente, delimita un universo de contenidos que no deben sobrepasar ciertos márgenes morales si aspiran al financiamiento público.
Ese es el valor político de la denuncia difundida por Comunidad Maña. Permite comprender que no estamos ante un recorte aislado ni frente a una mera simplificación administrativa. El nuevo diseño modifica la relación entre el Estado y la creación: se pasa del apoyo a la supervisión, de la apertura a la acreditación y del fomento a la tutela.
